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La Inquisición Española

Motivación y contexto

Restringiendo el significado del término para dar la definición más precisa posible, diremos que la Inquisición no es otra cosa que la jurisdicción especial ejercida por delegados del Papa para la represión de la herejía. Aunque para la inmensa mayoría de la sociedad sólo es conocida la institución surgida de la aplicación de esta jurisdicción a partir de la segunda mitad del siglo XV, su origen se sitúa en un período anterior.

La Inquisición española fue también un instrumento político. En la imagen, detalle del Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo

Podemos ubicar su nacimiento en el año 1231 y su final a comienzos del siglo XIX. En sentido estricto, la institución relacionada con la definición dada se sitúa exclusivamente dentro del orbe católico, independientemente de que, tras la Reforma liderada por Martín Lutero, se produzca persecución de la desviación de la nueva doctrina allí donde ésta era hegemónica.

El surgimiento de esta "primera" Inquisición estaría motivado por la expansión de las herejías valdense, maniquea, albigense y cátara. Los cátaros llegarían a poseer alrededor del 10% de adeptos en algunas de las ciudades de mayor tamaño de la Europa mediterránea. La indiferencia de los poderes civiles por este aumento, siendo algunos de sus miembros partidarios y activos colaboradores de las mismas, estimularon a la Iglesia para involucrarse personalmente. En 1231, el Pontífice designa el primer inquisidor para Alemania y, en 1232, para Francia, naciendo entonces, formal y definitivamente, la Inquisición.

Durante el siglo XIII la Inquisición vivirá su apogeo y se perfilarán algunas de las directrices que marcarán su resurgimiento en el siglo XV como una institución completamente nueva, tales como el secretismo en la declaración de los testigos de la acusación y la preponderancia de la eficacia sobre los formalismos. No obstante, durante el XIV se producirá el ocaso definitivo, motivado por un anquilosamiento burocrático que derivaría en prácticas rutinarias y, por consiguiente, en una imposibilidad cada vez más manifiesta de adaptarse a los cambios que se producían en el delito que se les había encomendado perseguir. A mediados de la siguiente centuria tan sólo se encontrarían operativos los tribunales de Valencia, Barcelona y Dauphiné, pues el poder episcopal había aprovechado oportunamente su declive para hacer que prevaleciera su jurisdicción.

El crecimiento de las ciudades por el cese de las grandes hambrunas, epidemias y grandes conflictos bélicos propició un crecimiento en las ciudades nunca visto hasta entonces, multiplicándose las escuelas y universidades en Europa occidental. Esto ocasiona una pérdida de control y de influencia a la Iglesia católica y creará las condiciones para el surgimiento de una Inquisición completamente renovada que tendrá su máximo exponente en España, Portugal y las ciudades-estado italianas.

Organización y financiación

Aunque oficialmente la fundación del Santo Oficio se fija en el año 1478 en el reino de Castilla, lo cierto es que el entramado de la institución y la ingente maquinaria represora no estuvieron preparados para actuar a pleno rendimiento hasta 1480, cuando se hubieron nutrido de los fondos adecuados tras las primeras confiscaciones.

El proceso fue más lento en Aragón, pues la Inquisición del siglo XIII aún seguía vigente. Ello no impidió al rey Fernando comenzar las reformas designando a Tomás de Torquemada Inquisidor General de la Corona de Aragón en 1485 y a los dos primeros inquisidores de Zaragoza. Poco después, fueron establecidos otros dos en Valencia y Barcelona, respectivamente.

Esta medida fue desaprobada rotundamente por las autoridades aragonesas pero el asesinato del Inquisidor de Zaragoza el 13 de septiembre de 1485 convenció a los poderes civiles de la existencia de la herejía en los dominios de Fernando el Católico, pues el crimen se atribuyó a un judaizante. Tras esto, Tomás de Torquemada se consolidaría como máximo responsable de la Inquisición, tanto para Castilla como para Aragón.

La Inquisición española se financiaba mediante las confiscaciones, las multas, las dispensas y los beneficios. Era de las confiscaciones de donde se obtenían los mayores ganancias debido al valor de lo incautado. En un plano más secundario pero nada desdeñable, se situaban las multas, que aportaban también grandes beneficios debido a la discrecionalidad con la que se imponían, especialmente cuando no existía acusación formal contra el reo.

Muchos acusados pudientes preferían pagar la cantidad que fijara el tribunal para eximir a sus descendientes de cumplir las condenas fijadas en materia de prohibición de desempeño de oficios o respecto a prescripciones suntuarias: eran las llamadas donaciones. Los beneficios eran cantidades pagadas directamente de las arcas reales en contrapartida por la prerrogativa regia de poder nombrar a los inquisidores. Este último tipo de retribución iba destinado al pago de los clérigos, mensajeros y carceleros que trabajaban para la Inquisición.

Funcionamiento y procedimientos de actuación

El procedimiento de la Inquisición constaba de una serie de fases aplicadas de modo consecutivo con un carácter marcadamente local. Al establecerse un tribunal inquisitorial en una localidad concreta, se leía un sermón inicial tras el que venía el Término de Gracia, mediante el cual se concedían entre treinta y cuarenta días para que, quien lo deseara, pudiera confesar aquello que atenazaba su conciencia. A cambio el tribunal recién establecido prometía un trato caritativo y una penitencia suave.

El proceso inquisitorial partía de la presunción de culpabilidad del acusado y por tanto le era negado cualquier tipo de defensa con las mínimas garantías. El juez asumía el papel central en el proceso, actuando a la vez como fiscal. Desde el último tercio del siglo XV se arbitran medidas a fin de evitar la condena de inocentes y se establece el derecho a la apelación por "causa justa". En Castilla las medidas quedarían en papel mojado mientras que en Aragón el proceso inquisitorial no existía como tal y quien denunciaba podía ser obligado a pagar la cantidad doble de la fianza si se demostraba que la acusación era falsa, aparte de existir el derecho de apelación en todos los casos, si bien el secretismo del proceso en conjunto y el ocultamiento de los testigos restaba buena parte de estas garantías.

Los sospechosos eran rápidamente arrestados en caso de que existiera denuncia previa, lo que era frecuente teniendo en cuenta que la Iglesia católica animaba a denunciar a los vecinos de un posible hereje y, al ser las denuncias anónimas, quienes las formulaban no tenían nada que perder. Pese a ello, el tribunal ordenaba confeccionar la calificación, un informe redactado a raíz de la comprobación de la veracidad de la acusación. De confirmarse las sospechas, se emitía la clamorosa u orden de arresto contra el individuo investigado.

Una vez detenido, el acusado era inmediatamente incomunicado, siendo separado en el mismo momento de aquellos en cuya compañía se hallaba cuando fue detenido, si procediera. Tras esto, era encerrado en la cárcel secreta si se trataba de un delito religioso grave. Para asuntos considerados leves o triviales, se dictaba la aplacería, el arresto domiciliario o la prohibición de abandonar su ciudad de residencia. Si se trataba de funcionarios, iban a parar a la cárcel de familiares, donde los presos gozaban de un trato sensiblemente más laxo que en las otras.

Las pruebas aportadas en el juicio habían de ser bien comprobadas y expuestas por la defensa pero no tanto por quienes formulaban la acusación. Aparte de que el juramento prestado por una y otra parte era infinitamente más duro y amenazador en el caso de la defensa, las llamadas pruebas "de oídas", es decir, basadas en rumores, eran tenidas exactamente en la misma consideración que las aportaciones de los testigos oculares, y, de hecho, eran deliberadamente alternadas en el interrogatorio con la intención de confundir al reo y minar su resistencia. Con estos métodos el preso solía autoinculparse, a sabiendas de que, haciendo esto, conseguiría una sentencia considerablemente más benévola como podían ser el arresto domiciliario y una multa.

La tortura, en contra de lo que habitualmente se piensa, fue aplicada como último recurso por la Inquisición, y, lejos de la sofisticación que se atribuye a ésta, se limitaba, en realidad, a unas pocas técnicas conocidas por todos y que casi nunca alcanzaron la dureza de aquellas prácticas en la justicia civil. Los tribunales de éste último ámbito sí incluían, en cambio, la tortura como un procedimiento normalizado para hacer las pesquisas oportunas. Como apuntan las Instrucciones de 1561, el encarcelamiento e interrogatorio solían bastar para hacer confesar a un reo, quien, junto a una insoportable presión psicológica, podía ser sometido a privaciones que aumentarían de modo progresivo hasta mermar su resistencia.

Una vez condenado, aparte de las consabidas penas pecuniarias, los castigos menores más comunes eran de tipo espiritual, es decir, ayunos y rezos o de carácter más tangible: la reprensión, la abjuración, el destierro o el asolamiento de la vivienda. Si el delito espiritual revestía gravedad normalmente se imponía el escarnio público, el sambenito, los azotes y la cárcel. En este tipo de castigos se asumía que, dentro de la gravedad del delito, el fiel era susceptible de ser reconciliado con la Iglesia.

Cuando el tribunal inquisitorial creía imposible que el supuesto hereje depusiera la actitud mostrada hasta entonces, era condenado a ser quemado en la hoguera. La pena de muerte no era contemplada en el derecho eclesiástico, tan sólo en el civil, de tal manera que la Inquisición podía declarar a un reo incorregible pero era, en realidad, un juez civil quien dictaba la condena de morir quemado. Sin embargo, el Derecho público de la Iglesia terminó por asumir de facto este tipo de castigo, otorgando indulgencias a quienes arrojaban leña a la hoguera.

Inquisición y poder temporal

En el gran debate en torno a las relaciones del poder espiritual, de la Iglesia, con el poder político o temporal en el orbe cristiano, surge, a menudo, la pregunta de la naturaleza real, del fin último de la existencia de la Inquisición. Se cuestiona a menudo si los motivos de su creación fueron espirituales, políticos o de ambos tipos. Sea como fuere, en lo que actualmente no existen dudas prácticamente es en la honda repercusión e influencia que la Inquisición tuvo en el poder temporal, muy especialmente en el caso español.

Los reinos de Castilla y Aragón no permanecieron ajenos a los cambios demográficos, económicos, sociales y de mentalidad surgidos en la segunda mitad del siglo XV. A ello había que sumar una realidad muy particular. La fragmentación de las distintas áreas regionales tras el avance de la conquista de los territorios hispánicos al Islam vino a ser solventada, al menos en parte, por la solución dinástica del matrimonio entre Isabel y Fernando. El deseo de estos dos monarcas de imponer su voluntad a la nobleza, llevó a reforzar los conceptos de unidad y centralización de ambos reinos.

La cohesión política necesitaba de la cohesión social. Esta necesidad, junto al hecho de que la presencia islámica en la Península Ibérica había quedado reducida al espacio minúsculo que era el reino nazarí de Granada, delimitado por la montaña y la costa de tal modo que se fijaba una frontera estable, fomentó que la política simplificara sus métodos e hiciera más rudimentarias y taxativas sus consignas contra el Islam. La sutileza, la táctica y el equilibrio entre dos mundos completamente diferentes habían dejado de ser necesarias para una de las partes, al no existir ya una frontera móvil.

Desde 1478 a 1530, aproximadamente, se registra la mayor intolerancia contra la herejía judaizante, el criptojudaísmo, es decir, los acusados de practicar ritos y oraciones judías en secreto, tras haberse comprometido, en principio, a abandonarlos una vez bautizados. La mayor actividad contra estas personas se centró en Sevilla, Córdoba, Toledo y Barcelona. Los métodos inquisitoriales se dirigían a romper la cohesión de las comunidades sospechosas a toda costa, por medio de la fractura de los lazos de parentesco y de vecindad. Antes de la diáspora de 1492, la presión del Santo Oficio era tal que la mayoría de los bienes confiscados se debían a la autoinculpación de los propietarios.

En su estancia en Sevilla entre 1477 y 1478, los Reyes Católicos son informados de todo tipo de ritos judíos practicados en secreto y de la existencia de supuestos planes de las comunidades que los practicaban para conquistar el poder sin especificar nunca ninguno de los aspectos de dichos planes. En medio de la inquietud de la Iglesia, Isabel y Fernando eran recibidos en Sevilla como los nuevos reyes godos llamados a unificar a la cristiandad de la Península Ibérica.

Quedaban de este modo asociadas la unidad política y religiosa en las mentalidades colectivas. Todo ataque a la unidad religiosa era visto como un ataque a la unidad política de los reinos de Castilla y Aragón. Siguiendo este razonamiento, judíos y musulmanes de la Península pasaban a ser enemigos de la Corona. No sería descabellado reconocer, por lo tanto, una doble intención de los Reyes Católicos a la hora de levantar el Santo Oficio, pues la extirpación de la herejía pasó a formar parte del proyecto político de los monarcas desde el primer momento y de forma consciente.

(Autor del texto del artículo/colaborador de ARTEGUIAS:
José Joaquín Pi Yagüe )

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Última actualización de "LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA" en diciembre de 2009

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