Formación
y expansión de las comunidades judías en España
Los orígenes
de la presencia de los judíos en la Península Ibérica
son francamente inciertos. Las propias élites hebreas se
ocuparon de diseñar varias mitologías genealógicas
que alejaran a este pueblo de la crucifixión de Jesús,
pues el estigma del deicidio los acompañó a lo largo
de toda la Edad Media en Europa.
En
la Alta Edad Media, la población judía de Hispania
se decía descendiente de aquellos que habían arribado
a la Península Ibérica antes de la destrucción
del segundo templo en el año 70 de Nuestra Era. Quienes sostenían
esta tesis afirmaban que los primeros judíos llegaron con
la destrucción del templo por el rey babilonio Nabucodonosor,
en el 583 antes de Nuestra Era. No faltaron quienes llegaron a afirmar
que descendían de estirpes judías que llegaron a la
Península en tiempos del rey Salomón junto a quienes
por entonces eran sus aliados, los fenicios.
Los
judíos y el reino Hispano-visigodo
Cuando los visigodos
se establecieron definitivamente en Hispania, las principales comunidades
hebreas se localizaban en Tarragona, Tortosa, Sagunto, Elche, Córdoba
y Mérida. La comunidad judía de Toledo iría
cobrando importancia y aumentando su tamaño una vez que esta
ciudad se convirtió en capital del reino visigodo a mediados
del siglo VI.
La convivencia
transcurriría sin demasiados sobresaltos hasta la celebración
del III Concilio de Toledo, en el año 589, donde los judíos
empezarían a ser vistos como una amenaza para la unidad religiosa
del reino, como ocurriría nueve siglos después. Es
a partir de ahora cuando se pondrían en marcha leyes antijudías,
bien inspiradas directamente en las del Concilio o bien radicalizándolas.
La
comunidad judía y Al-Andalus
No se puede
descartar que años de política antijudía continua
empujaran a las comunidades hebreas a apoyar directamente a los
invasores musulmanes procedentes del norte de África en el
año 711. Historiadores occidentales y musulmanes han puesto
de relieve esta colaboración que consideran suficientemente
probada.
Se ha tendido
a asegurar, en este consenso, que fueron precisamente los mayores
núcleos de población de confesión hebraica
los que se mostraron como colaboradores más activos. El esfuerzo
transgresor no fue en vano: las comunidades gozaron de la protección
de las primeras autoridades musulmanas; gracias a ello, vieron crecer
el número de miembros y la posición social y económica
de los mismos mientras que, aquellos que habían sido convertidos
forzosamente al cristianismo, pudieron volver al judaísmo.
Sin embargo,
la libertad plena no existía en tanto que siempre serían
considerados súbditos de segunda mientras no se convirtieran
al Islam. A partir del año 716, con el establecimiento del
califato omeya, algunos judíos pasarían a colaborar
estrechamente con las autoridades andalusíes. La estrella
de los judíos comenzó a apagarse cuando se vieron
directamente implicados en las guerras civiles de los reinos de
taifas que sangrarían Al-Andalus a partir del año
1031.
La presencia
de comunidades judías en los reinos cristianos del norte
peninsular que iniciarían la (re)conquista de los territorios
musulmanes de Al-Andalus, es prácticamente obviada en las
fuentes que se conservan entre los siglos VIII y IX. Tan sólo
en la Marca Hispánica se poseen más testimonios, quizá
porque al tratarse de un territorio que era parte del Imperio Carolingio,
la cohesión social y política de redundaba en un aumento
de los testimonios escritos, los cuales hablan de la importancia
de la comunidad judía asentada en Montjuic.
Por lo que se
sabe a través de otros pocos testimonios escritos semejantes
y lo que se deduce de los mismos, las comunidades hebreas se hallaban
perfectamente asentadas en los diferentes reinos cristianos y su
marco legal estaba definido de modo concreto, en el caso de Barcelona,
por ejemplo, por lo que marcaban los privilegios establecidos por
los condes de Bacelona y los Usatges.
El Conde de
Barcelona acogía a los judíos bajo su protección
pero esto suponía -como ocurría con el resto de reyes
de la Edad Media- que quedaban por completo a merced -más
que en otros casos- del soberano y del derecho consuetudinario local.
Entre
la aceptación y la desconfianza
Entre los siglos
XII y XIII los judíos son aceptados y bien recibidos debido
a la necesidad de repoblar los territorios conquistados a los musulmanes.
Salvo problemas aislados y de carácter muy local, con la
expansión política y militar del cristianismo, la
convivencia con otras confesiones religiosas se hizo más
fácil en estos territorios. Algunos cronistas de la época,
como Ramón Llull, dan testimonio de esta situación.
Sin embargo, el bagaje antijudío que arrastran consigo numerosas
fuentes cristianas seguía vigente, alimentando un sentimiento
de rechazo larvado que crecería a partir del siglo XIII.
Se
puede asumir que los judíos nunca fueron totalmente integrados
aunque sí ampliamente tolerados. Las dificultades económicas
serias serían el detonante para un estallido antijudío
en una acción convergente de los estamentos populares y las
élites dirigentes. Y es que, con la persecución, todos
ganaban: los primeros hallan un chivo expiatorio al que culpar de
sus dificultades utilizando argumentos religiosos, mientras que
los poderosos observan la utilidad de la demonización de
los judíos como un recurso para desviar la atención
de las iras de la población hacia sus propias personas.
La política
de aceptación y protección que habían disfrutado
los judíos de la Península Ibérica bajo el
mandato de Pedro I, se hizo añicos por la guerra civil librada
por este monarca contra Enrique II y los nobles rebeldes que lo
apoyaban. La propaganda antijudía, que no había dejado
de crecer en todo el siglo XIII y la primera mitad del XIV, mostraba
ahora sus efectos en toda su crudeza. La propaganda del hijo bastardo
de Pedro -Enrique II- nunca fue un secreto, y, tras el triunfo de
los sublevados, las Cortes y las clases populares se lanzaron conjuntamente
contra los judíos.
De 1366 a 1369,
la comunidad hebrea vivió sus años más negros,
en los que, a las confiscaciones se les sumó las sanciones
económicas, el saqueo de aljamas y la matanza de parte de
sus habitantes, aprovechando el desconcierto sembrado por la guerra
civil.
Con el triunfo
de Enrique II se puso de manifiesto quién era quién
en la política antijudía. La casa Trastámara
había utilizado la propaganda de rechazo al judío
como un medio para ganar adeptos para su causa, desprestigiando
así a Pedro I. En 1369 Enrique ordena suspender el pago de
la deuda a judíos y musulmanes pero esta decisión
vino dada por la resistencia que ciertos miembros de esta comunidad
habían opuesto al avance de sus tropas.
En octubre
de ese mismo año, un decreto de este mismo monarca ordena
la satisfacción de la deuda en el menor plazo de tiempo posible.
Las Cortes demandaron una prórroga en el plazo que, finalmente,
sólo fue ampliado a dos meses por la estrechez económica
que sufrían las aljamas, cuyos habitantes volvieron a experimentar
un recrudecimiento del odio.
Esta elevación
de la tensión tuvo lugar en las Cortes de Toro de 1371, donde
se llegó a pedir la validez del único testimonio de
un cristiano en los procesos civiles y criminales donde se viera
implicado un judío. Sin embargo, una presión mayor
si cabe sobre este colectivo vino por parte de los procuradores
de las ciudades que llegaron a exigir el aislamiento de los judíos,
la obligatoriedad de llevar un distintivo en la ropa que los identificara
claramente y la prohibición de vestir prendas determinadas
y de arrendar las rentas.
Enrique II apeló
a la legislación de Alfonso XI para curarse en salud, y sólo
accedió a las peticiones antijudías más circunstanciales,
por decirlo así. No se validó la superioridad del
testimonio de un cristiano en los pleitos civiles y criminales sino
sólo en los criminales y con varios testigos. Tampoco dejaron
de actuar como arrendadores y prestamistas, desarrollando esta función,
incluso, para la Corona en ciertos casos.
Rechazo,
acoso y expulsión
La protección
dispensada por Enrique II a los judíos no impidió
que a la muerte de éste el sentimiento contra esta colectividad
se mantuviera intacto e, incluso, volviera a crecer debido a la
coyuntura económica. Los pleitos se sucedieron a partir de
1379 junto con todo tipo de resistencias para evitar el pago de
la deuda a los judíos. La situación empeoró
para ellos cuando se vio comprometida la razón que justificaba
la protección real: el manejo y gestión de las finanzas
de la Corona.
Si se veían
imposibilitados y maniatados para ejercer esta función -la
minoría que la ejercía- toda la comunidad hebrea podía
quedar desprotegida. Juan I, heredero de la Corona, tuvo que enfrentarse
a un problema espinoso: la independencia del movimiento antijudío,
es decir, el establecimiento de unos principios de base más
definidos que serían alentados por predicadores exaltados
fuera de la órbita de control de la propaganda original de
los Trastámara.
La espiral de
odio y rechazo tuvo como punto álgido el pogrom de 1391,
que trajo como consecuencia una disminución drástica
de la comunidad judía en la Corona de Castilla, tanto por
los asesinatos como, sobre todo, por las conversiones forzosas o,
de alguna manera, autoimpuestas. Burgos, Palencia, Toledo y Sevilla
fueron las ciudades donde las aljamas resultaron más castigadas
y donde el mapa religioso cambió de modo irreversible.
En Sevilla,
numerosas sinagogas fueron cedidas a la Iglesia y los bienes de
los más destacados miembros de la comunidad hebrea fueron
parcelados y entregados a los colaboradores más directos
del Rey. Se dejaba así el terreno abonado para intensificar
la persecución por medio de disposiciones como las de las
Cortes de Valladolid que, entre 1405 y 1412, promulgaron el enclaustramiento
de las comunidades en sus aljamas.
La declinación
del antijudaísmo a lo largo del siglo XV, fue dejando paso
a la aversión y suspicacia hacia el converso, es decir, hacia
aquellos que habían abandonado el judaísmo a favor
del cristianismo. Muchos de ellos sufrieron el acoso moral de sus
antiguos correligionarios que los tachaban de renegados y de sus
nuevos hermanos de fe, quienes pronto comenzaron a sospechar de
la sinceridad de sus nuevas creencias. La mirada suspicaz reparaba
en aquellos hábitos gastronómicos, sociales y lingüísticos
que pudieran sugerir, aunque fuera lejanamente, que el sospechoso
aún no había roto lazos por completo con la comunidad
judía.
La fundación
de la Inquisición en 1478 y su puesta en funcionamiento en
1480, tuvieron en la aversión al converso uno de sus máximos
exponentes. Aunque el clima era de creciente intolerancia hacia
quienes aún profesaban la religión mosaica en la Península,
lo cierto es que la institución inquisitorial se ocupó
especialmente del nuevo motivo de preocupación para las autoridades
eclesiásticas: los falsos conversos, entre otras cosas, porque
se hallaban dentro de la jurisdicción y ámbito de
actuación de la misma, a diferencia de los judíos
que, al profesar otra confesión, escapaban al alcance del
Pontífice.
A partir de
entonces, seguirían acciones como la expulsión de
los judíos en 1483 de las diócesis de Sevilla y Córdoba,
y de los obispados de Jaén y Cádiz. Se trató
de todo un ensayo de la Inquisición previo a 1492 y que contó
en todo momento con el conocimiento y aprobación de los Reyes
Católicos.
Fue
el comienzo de una estrategia para romper vínculos entre
la comunidad judía y los conversos al cristianismo, motivo
que, de hecho, fue esgrimido de modo insistente en el decreto de
expulsión de 1492, año a partir del cual comenzaría
una nueva diáspora para los judíos de Sefarad, a la
vez que los conversos verían cómo se les sometía
a intensa vigilancia y cómo se cerraba para ellos cualquier
posibilidad de acceso a oficios y privilegios, siendo necesario
demostrar entonces la ascendencia de cristiano viejo.
(Autor
del artículo/colaborador de ARTEGUIAS:
José Joaquín Pi Yagüe )
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